El barómetro de Transparencia Internacional sobre corrupción sitúa la percepción de la misma en España en su peor indicador en la serie histórica. Y los recientes casos de Acuamed o de Imelsa (Valencia) ponen de relieve que la corrupción, se ha 'adaptado' confortablemente al marco institucional español. Es cierto que se han adoptado reformas legales, pero su operatividad es insuficiente, porque la nueva cultura de transparencia debe ser una actitud (también requiere aptitud). Y aquí radica el principal problema. Lejos de valorarse en positivo este principio de transparencia, existe una clara resistencia al cambio, por entender que se trata de una carga innecesaria que limita la eficacia de la actuación pública.

De hecho, son pocos los portales de transparencia que cumplen su finalidad, la rendición de cuentas, y se comportan, de forma burocrática, como mero receptor de datos e hipervínculos, lo que supone negar la misma esencia del principio de transparencia. Lo mismo sucede con los controles previos independientes, que si bien se defienden públicamente, en loa práctica, por carencia de medios, resultan insuficientes, cuando no se intenta su 'captura' por los partidos (como se acredita por el reparto de puestor).

En España, se ha preferido un modelo burocratizado de toma de decisiones administrativas. Ha prevalecido la forma sobre el fondo o finalidad de las decisiones, al margen de si era injusta o correcta materialmente. Y muchas de las reformas legales, lejos de corregir esta patología, la han consolidado. Así, el sistema administrativo se comportaba de forma bipolar, claramente ‘maniaco’ en trámites formales innecesarios y reiterativos, que ralentizan la toma de decisiones, y muy ‘depresivo’ en lo que al control se trataba. Esta burocratización, en la que se ‘acomodan’ muy bien las redes clientelares y los conflictos de intereses, justificó la creación de personificaciones privadas para gestionar el interés público, lo que ha agravado el problema, ya que ha supuesto una huida del derecho, en donde la corrupción ha encontrado un escenario perfecto para desarrollarse. La 'mercantilización' del Derecho administrativo, que es un Derecho de garantías para los ciudadanos, ha sido caballo de Troya de muchas de las patologías de la corrupción.

Asimismo, ha existido una tendencia al inmovilismo político en un mismo puesto, frente a la prudente regla de no permanecer en el puesto más de dos mandatos. Esta perpetuación en un puesto esconde, en la prática, una de las mayores debilidades del modelo democrático, pues impide la necesaria renovación en quién gestiona intereses públicos.

Todo ello explica la actual percepción en España sobre el nivel de corrupción. Una corrupción que no es sistémica, sino intensiva en ciertas materias (en especial, contratos públicos), y que no se ha infiltrado ni en los cuerpos de seguridad ni en las instituciones judiciales, principales actores, muy activos y comrpometidos, en su combate. Sin embargo, la corrupción no se combate combatiéndola, sino que es necesaria la prevención. Y para ello, urge, en primer lugar, un cambio de actitud y de percepción en los ciudadanos y, obviamente, en los políticos, sobre el valor institucional de los principios de integridad, de transparencia y de ejemplaridad.

La corrupción, aun la denominada como de baja intensidad, debe ser percibida como negación del principio de democracia y no valen las justificaciones. El respeto a la Ley y, sobre todo, a los principios que la inspiran no puede excepcionarse por la existencia de trámites burocráticos innecesarios heredados de situaciones políticas superadas. Ni puede justificarse en una indebida caracterización del principio democrático la toma de una decisión que esconde una respuesta a situaciones clientelares (muy evidentes cuando responden a intereses individuales).

Es momento de rearmar un modelo de gobernanza pública que pivote sobre el principio de gobierno abierto, de integridad y de ética pública, que evite la indebida utilización del principio democrático para justificar decisiones alejadas del verdadero interés público y que corrija prácticas burocráticas ineficaces que han fomentado las redes clientelares.

La actual encrucijada institucional debe servir para la reactualización de nuestro modelo político constitucional y, también, para reformular las estrategias de los partidos políticos, a fin de que puedan ser los principales centinelas de esta nueva cultura y de que su ejemplo democrático permita corregir la actual desconfianza ciudadana. Solo un cambio de actitud, y la convicción de que la corrupcíón es inaceptable en una sociedad democrática, puede permitir revertir la actual situación.

José María Gimeno Feliu
Catedrático Derecho Administrativo. Universidad de Zaragoza
Presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
Director del Observatorio de Contratos Públicos