Cada vez más se habla de la idea del Gobierno abierto como una transición de un modelo de gestión política “de corte clásico” que se entiende insuficiente. De hecho, el actual sistema político parece haber derivado en lo que se ha denominado “constitucionalismo ejecutivo” (B. Ackerman, en relación al Gobierno de Estados Unidos, pero claramente extrapolable a Europa), caracterizado por las decisiones políticas adoptadas ya a “golpe de emergencia” ya “a golpe de encuestas de opinión”. Esta formar de gobernar –extendida a muchos ámbitos de gestión pública- es una de las causas de la evidente desafección ciudadana, cada vez más alejada de la política, hasta el punto de sugerirse que los responsables políticos son una casta ajena a los intereses de la ciudadanía.
Parece el momento de “rediseñar” el modelo, para hacerlo más participativo y transparente, vinculado en la idea del “gobierno abierto”. Se justifica esta transición, además de en la fractura social, en la nueva realidad tecnológica y social, que favorece una participación más activa, así como la existencia de movimientos sociales cada vez más proactivos. Esta idea de Gobierno abierto encuentra su principal impulso en el conocido Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto que el Presidente de EEUU, Barack Obama, promulgó el 21 de enero de 2009.
Son tres los pilares fundamentales referidos en dicho documento:
- Una política de transparencia que promueva la rendición de cuentas de la Administración a los ciudadanos para proporcionar información accesible sobre lo que está realizando y sobre sus planes de actuación, con el objetivo de impulsar el control de la acción de gobierno. Obviamente, la transparencia no debe ser un mero “envoltorio” (como son algunos denominados “portales de transparencia”), sino que debe aspirar a ser el cauce efectivo y no formal con el que explicar las decisiones públicas. Sin transparencia real existe déficit democrático y se pone en riesgo, por desconfianza, el propio modelo convivencia política y social. Por ello, deben diseñarse controles efectivos que permitan una “vigilancia” adecuada (por ejemplo, poniendo en valor la figura de un “ombudsman” con más competencias ejecutivas, que permita una “rápida” corrección ante determinadas decisiones).
- Una política de gobierno colaborativo que comprometa a los ciudadanos y demás agentes en la adopción de las decisiones públicas, alejada de la famosa justificación del “siempre se ha hecho así” o “ahora gobierno yo”. Solo así, escuchando las propuestas de empresas o profesionales o ciudadanos, y de los otros “adversarios” políticos se puede avanzar en una nueva cultura de la gestión pública consensuada y colaborativa, ya que, en muchos casos, sin colaboración público-privada se comprometerán los propios derechos e interés públicos. La experiencia de otros se pone en valor y, al sumar conocimientos, se mejora la gestión de los muy diversos asuntos públicos, en muchas ocasiones de gran complejidad.
- Una política de participación activa que, alejada, eso si, de interés particulares, permita a los ciudadanos comprometerse en asuntos públicos y que favorezca un “dialogo activo” de los partidos políticos con sus conciudadanos. Por supuesto, el adecuado uso de redes sociales, es un instrumento irrenunciable.
Es en momento de cambio hacia el Gobierno Abierto – que no debe ser resuelto de modo “formal”-, que promueva una interrelación entre la ciudanía y la política basada en la confianza mutua y la corresponsabilidad pues la política, en definitiva, es cosa de todos. Es tiempo de un nuevo pacto social. Es la oportunidad cambiar un sistema caracterizado por el inmovilismo propio de la “mayoría de los votos”, hacia un sistema de gobierno comprometido con el derecho a una buena administración. Solo así se puede mejorar las relaciones entre ciudadanos e instituciones políticas, que reforzarán su legitimidad democrática. Ojala que el contexto social así como el nuevo marco normativo habilitado en España por la Ley estatal de Transparencia así como en Aragón con el Proyecto de Ley en tramitación, pueda servir para dar un paso al frente hacia el compromiso de un Gobierno abierto y que permita poner en valor la política como herramienta para el desarrollo de la democracia.
José María Gimeno Feliu
Catedrático Derecho Administrativo. Universidad de Zaragoza
Presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
Director del Observatorio de Contratos Públicos